ESCENARIOS DE RIESGO EN NORTE DE SANTANDER QUE LIMITAN EL EJERCICIO DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El proceso de Mesa Nacional de Garantías para defensores y defensoras de Derechos Humanos, se ha constituido a partir de la obligación indelegable del Estado de garantizar el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos, tratando de construir escenarios de trabajo conjunto entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, único camino para lograr producir resultados positivos en la generación de un clima favorable en la búsqueda de la garantía y respeto de los Derechos Humanos en Colombia y el rechazo a todas las formas de violencias y/o presiones.
El departamento vive múltiples escenarios de violencia y riesgo, pero de manera principal dos afectan de manera grave los Derechos Humanos: el primero de ellos la violencia indiscriminada que ha venido generando la guerrilla, sobre todo en la región del Catatumbo, los continuos enfrentamientos con la fuerza pública, al lado de los excesos en el tratamiento a la población civil por parte estos últimos, ponen en serio riesgo a comunidades y ciudadanos en general y en segundo lugar, la presencia de grupos ilegales que hacen presencia en el área metropolitana de Cúcuta. Estos escenarios copan un poco más de la mitad de municipios del departamento.
La situación más grave se vive en al área metropolitana de Cúcuta. Durante el año 2011 fueron asesinados 405[1] ciudadanos en esta importante región del departamento, de los cuales el 78% (316) fueron cometidos en Cúcuta. El 34% de las víctimas (216) tenían entre 20 y 39 años de edad. Siendo el 91% de las víctimas hombres y el 9% mujeres. El 88% de los casos (279) fueron muertos con la utilización de armas de fuego. Y el 75% de los casos ocurridos en Cúcuta fueron a través de la modalidad de sicariato (218).
En la ciudad de Cúcuta, en la comuna UNO el 100% de los asesinatos fueron cometidos por sicarios (22), en la SEIS de 64 homicidios 44 fueron a través de esta modalidad, es decir cerca del 70%, y en la comuna NUEVE de 28 homicidios, 22 fueron por modalidad del sicariato, es decir el 80% del total de homicidios.
Hay municipios del área metropolitana de Cúcuta, que presentan cifras insostenibles como la de los municipios de Villa del Rosario en donde de 37 homicidios ocurridos en el 2011, 34 fueron a través de la modalidad del sicariato, es decir un poco más del 95% del total de los casos. O el municipio de Los Patios donde de 26 homicidios, 21 fueron por sicariato, es decir el 80% del total de los casos.
En cuanto a casos de personas desaparecidas el INML recibió 393 denuncias de las cuales 286 continúan desparecidas en Norte de Santander. Cúcuta concentra cerca del 65% del total de los casos, registrando 241, de los cuales aún continúan desaparecidos 154 personas. El municipio Tibú registra 57 casos, Villa del Rosario 20, Los Patios 15, Ocaña y Puerto Santander 9 casos cada uno.
Según el informe de riesgo de la Defensoría Regional del Pueblo No 012-11 de agosto de 2011, señala a los municipios de Cúcuta (comunas 6,7,8,9 y 10), Los Patios y Villa del Rosario, como nivel de riesgo alto, debido principalmente a la “presencia de grupos irregulares que buscan tener injerencia en las administraciones locales, en la actividad política y en la representatividad y participación de importantes expresiones sociales (juntas de acción comunal, organización de psd, sindicatos, organizaciones defensoras de dh, comunidad diversa sexual entre otras; a través de actos de intimidación o de amenazas directas o veladas”. Así mismo señala que “en los dos últimos años, se evidencia el ascenso en el control territorial de esta zona de las organizaciones armadas ilegales autodenominadas Los Rastrojos y Urabeños/Águilas Negras” y “las guerrillas ejercen presión sobre las organizaciones sociales, las comunidades y las poblaciones rurales de Cúcuta y Villa del Rosario”. “por su parte, las milicias de las FARC y el ELN, han logrado retomar sectores del área urbana y rural, de las tres municipalidades y ejercer influencia”.
Esta oleada de violencia que se vive en el departamento, principalmente en el área metropolitana de Cúcuta afecta a todos los ciudadanos, pero de manera grave la labor que desempeñamos los defensores de derechos humanos, pues esta limita nuestro accionar y eleva el riesgo y compromete de manera seria nuestra legítima labor.
Se ha venido señalando como estas manifestaciones ilegales con el tiempo se han fortalecido y multiplicado, en una región que mantiene condiciones y circunstancias socio políticas propicias para su desarrollo. Estas estructuras delincuenciales cada día logran mayores niveles de organización e impresionantes niveles de sofisticación, fortaleciéndose a cada lado de la frontera. Aupados por una corrupción rampante y pública, que han convertido a la región en una de las zonas más violentas del mundo[2].
En la actualidad, al parecer a raíz de una reunión llevada a cabo en la ciudad de Medellín en donde se encontraron los jefes de los bandas de Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas, divulgada recientemente por los medios de comunicación nacional, hubo un acuerdo para adelantar una nueva distribución de zonas en el país. Pero, lo que se dice es que en los departamentos en donde no hubo acuerdo entre estas bandas criminales, fue Norte de Santander.
La región continúan haciendo presencia de manera importante los Rastrojos (Cúcuta, Patios y Villa del Rosario), los Urabeños (Cúcuta y Villa del Rosario) y en el municipio de Puerto Santander “Los Paisas”. Pero llama la atención los rumores recientes de una recomposición al interior de estos grupos, que siguen en disputa territorial. Se conoce por ejemplo que a raíz de los golpes dados por las autoridades Los Urabeños han vendido las zonas de control, a un grupo conocido como los paramilitares de LA NUEVA FRONTERA, que opera en el cordón fronterizo desde la zona rural del municipio de Villa del Rosario (corregimiento de Juan Frío, la vereda Palo Gordo, la Uchema), y el sector de Llano Jorge y San Antonio del Táchira (Venezuela). Así mismo y al parecer la zona de Cúcuta principalmente desde los San Andresitos, Cenabastos y la comuna 7, fue entregada a un grupo autodenominado las AUTODEFENSAS DEL NORTE. Lo anterior a pesar de la fuerte presencia de la fuerza pública en estos municipios.
Es de reconocer la gran cantidad de detenciones realizadas a miembros de estos grupos criminales, por parte de las autoridades. Pero este fenómeno de violencia no cesa y mucho menos sus actividades ilegales sobre todo las relacionadas con la extorsión generalizada que están realizando en la ciudad de Cúcuta, la práctica de la desaparición forzada de personas, las amenazas y el sicariato. Lo que nos demuestra esta realidad es que las estrategias aplicadas por las autoridades en la región se han agotado.
Lo anterior ha traído como consecuencia un alarmante estado de intimidación, miedo y limitación al ejercicio de defensa de derechos, agravado por múltiples factores, como el control social, el microtráfico, la distribución de heroína y drogas sintéticas, el ajuste de cuentas, las oficinas de cobro, las cuotas de seguridad y la extorsión generalizada.
Estas empresas criminales desarrollan distintas formas de operación, prestan servicios de seguridad a otras actividades ilegales, tienen oficinas de cobros, de sicariato, realizan alianzas transitorias o estratégicas, desarrollan gran capacidad de adaptación a las respuestas de persecución gubernamental, tienen un importante poder para asimilar los golpes recibidos, a través de la reorganización, renovación y traslado de hombres y armas. Operan y controlan de manera coincidente las mismas zonas y territorios, en donde desarrollaron sus prácticas criminales los grupos de autodefensa o paramilitares. Sitios estratégicos por su privilegiada ubicación, que en su totalidad hacen parte de zona de frontera.
Es de suma gravedad no solo los altos niveles de afectación a la tranquilidad y la convivencia ciudadana, sino también el clima generalizado de intimidación y miedo; todo esto perturba la gobernabilidad, obstruye la participación y el control social, es decir afecta la legitimidad del estado.
Patrones y modalidades de persecución y amenazas
Esta situación extremadamente grave para los defensores y defensoras de derechos humanos, tiene que ver principalmente con el fortalecimiento de estructuras de grupos armados ilegales, que vienen operando en esta región del departamento desde el año 2005, después de la desmovilización del bloque Catatumbo de las AUC, lo cual lleva a que su exposición al riesgo sea permanente y sus niveles de riesgo altos.
En los últimos siete años, han operado en el departamento todo tipo de grupos ilegales, bandas criminales y carteles del narcotráfico, que alimentan sus estructuras de forma mayoritaria con ex miembros de los grupos de autodefensa asentados principalmente en el área metropolitana de Cúcuta, Ocaña y Tibú; y en otros casos son trasladados desde otras regiones del país como Córdoba y Antioquia, para desarrollar sus actividades criminales en la región.
Estos grupos ilegales han logrado mantener un importante dominio territorial e implantar medidas de control social, sobre todo en los municipios fronterizos que conforman el área metropolitana de Cúcuta (Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Santander). Controlan desde la distribución al menudeo de narcóticos hasta las redes de celadurías comunitarias en algunas comunas y barrios de la ciudad. Estos continúan sirviendo de apoyo a través de labores ilegales de inteligencia y señalamiento contra habitantes de estos sectores populares y principalmente en contra de líderes sociales y comunitarios.
Asumir algún tipo de actitud frente a estas actividades o comportamientos de defensa de los intereses de la colectividad, es respondida con amenazas directas. Para el caso de los líderes comunales agredidos, de cada diez amenazas nueve han sido proferidas por estos grupos ilegales y una por las guerrillas. Han sido amenazas directas, en donde los dirigentes son abordados por hombres armados en motocicletas o en vehículos, ubicados en sus lugares de residencias e identificados antes de cometer el ilícito.
Así mismo estos grupos ilegales controlan otras actividades como los prestamos gota a gota, intervienen en las invasiones a lotes urbanos de propiedad del municipio o de la comunidad, y en algunos sectores en las obras de inversión realizadas por la alcaldía municipal o en presuntos problemas de corrupción. En cualquiera de los casos, se configura una inminencia de riesgo para los defensores (as) de derechos humanos y los líderes sociales y comunitarios, que no es reconocida por los funcionarios del Ministerio del Interior que hacen parte del CEREM, tal y como quedó demostrado en la sesión del pasado 9 de marzo, realizada en Cúcuta.
La presencia armada por parte de estos grupos ilegales, en el municipio de Cúcuta se presenta principalmente en las comunas uno, seis, siete, ocho, nueve y diez.
Para los casos de agresiones contra miembros de organizaciones sindicales, su exposición al riesgo tienen que ver con que sus actividades sindicales y de defensa de derechos colectivos, cubren todos los municipios del departamento, así como que sus afiliados están ubicados en regiones de alto riesgo, debido a la presencia, control e intervención de grupos armados ilegales de las guerrillas y bandas de diverso tipo. Así como el carácter de sus reivindicaciones y luchas, que afectan grandes intereses en la región, como por ejemplo las mafias de la corrupción de la salud en el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta.
Una de los sectores que presenta mayores niveles de riesgo, por su estado de vulnerabilidad y desprotección son las víctimas de la violencia socio política. Lo anterior ligado a la fuerte actividad de ex miembros de las AUC, que durante el período de 1999-2005, realizaron sus acciones criminales en el departamento, conociendo directamente a la gran mayoría de los líderes y lideresas de la región. Así mismo su condición de líderes que los lleva a enfrentarse de manera permanente con diversos funcionarios públicos y autoridades, así como el ser reclamantes de tierras y de familiares que no cesan en la búsqueda de los desaparecidos de manera forzada, hacen que la inminencia de riesgo sea real.
Con respecto a las minorías sexuales, en los dos últimos años algunos miembros de la comunidad LGBTI, vienen realizando esfuerzos por avanzar en la estructuración de su proceso organizativo. Además de los hechos permanentes y sistemáticos, no solo de estigmatizaciones y persecución contra algunos miembros de esta comunidad por parte de funcionarios públicos de la Policía Nacional y de autoridades civiles del orden municipal, algunos de sus líderes han recibido amenazas directas contra su vida e integridad.
En los últimos tres años han sido denunciados ciento siete (102[3]) casos de agresiones contra defensores de derechos humanos de los cuales noventa y dos (92) han sido amenazas, seis (6) homicidios, dos (2) desapariciones forzadas y dos (2) atentados. Los sectores afectados en su orden fueron las víctimas de la violencia socio política con treinta y siete (37) casos, treinta y cuatro (34) casos en contra de miembros de las organizaciones sindicales, veinte y ocho (28) contra líderes comunales y una caso contra una ONG de derechos humanos, la comunidad LGBTI y contra una organización de jóvenes respectivamente.
De las noventa y dos (92) casos de amenazas directas, treinta y siete (37) fueron realizadas contra víctimas de la violencia socio política, veinte y ocho (28) contra miembros de organizaciones sindicales, veinte y cuatro (24) contra líderes comunales, y tres casos de amenazas presentados contra una ONG de derechos humanos, la comunidad LGBTI y una organización de jóvenes respectivamente.
En estos últimos 18 meses, de mandato del presidente Santos, se han presentado cuarenta y cinco (45) casos de agresiones contra defensores (as) de derechos humanos, sindicalistas, víctimas de la violencia, líderes comunales y miembros de la comunidad LGBTI. Un alto número como quiera que el actual gobierno se pavonea en diversos escenarios nacionales e internacionales, argumentando los avances en el respeto y la protección de los derechos humanos. Estas agresiones afectan a algunos dirigentes sindicales (6) y afiliados de las organizaciones (22). Cerca del 83% de las amenazas contra sindicalistas recaen sobre educadores, afiliados a ASINORT y el 17% de los casos se presentaron contra miembros de las organizaciones sindicales ANTHOC (2), ASONAL (2) SINDESENA (1) y la CUT (1).
Trece (13) casos fueron contra líderes comunales de Cúcuta. Dos (2) casos se presentaron contra líderes de organizaciones de víctimas, y dos (2) casos contra una ONG de derechos humanos y la comunidad LGBTI.
De los cuarenta y cinco (45) ocurridos recientemente, en diez (10) los atacantes lograron cometer seis (6) homicidios, dos (2) contra líderes comunales de Cúcuta, dos (2) miembros de ANTHOC, un (1) miembro de ASINORT y un (1) miembro de ASONAL JUDICIAL. En dos casos aún los compañeros continúan desaparecidos, uno (1) pertenece a ASINORT y el otro a ASONAL JUDICIAL. En dos casos los criminales atentaron contra la vida y la integridad de dos líderes comunales.
La impunidad, re victimiza y aumenta el riesgo de los defensores (as) de los derechos humanos
En general los casos de persecución y amenaza, presentan patrones y modalidades, que tanto las autoridades de policía como los fiscales asignados en las investigaciones judiciales, insisten en desconocer y/o en subestimar. No se encuentra una actitud tranquila y abierta a escuchar a las víctimas de tales hechos, mucho menos a considerar como cierta la situación de riesgo y amenaza presentada ante las autoridades. Lo anterior a pesar de las múltiples reuniones, sentencias, autos, decretos y circulares, de instituciones del Estado colombiano, como la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior y de la Defensa y últimamente la Procuraduría General de la Nación.
En la mayoría de los casos puestos en conocimiento de las autoridades, son los propios defensores (as) quienes han identificado el origen del riesgo. Facilitan números de teléfono desde donde han sido amenazados, copias de panfletos, correos electrónicos desde donde son enviadas las amenazas, características de los vehículos, motocicletas y de los agresores. A pesar de lo anterior, no se conoce el primer caso denunciado ante las autoridades competentes que haya sido esclarecido, o que las investigaciones hayan arrojado algún resultado positivo. Al contrario cuando estas agresiones, sobre todo cuando se presentan amenazas, son reiteradas, no son recibidas en los despachos judiciales. Cuando este ente judicial se pronuncia, es para notificar el archivo, la preclusión o el inhibitorio en las investigaciones asumidas.
El 100% de los casos de agresiones contra los defensores (as) de derechos humanos presentados en este documento, han sido de conocimiento de alguna institución del Estado (Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Personerías municipales). Y por lo menos cincuenta y tres casos (53[4]) han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía Seccional. Lo grave de esta situación es que los niveles de impunidad para los ciento dos (102) casos aquí denunciados de agresiones contra los Defensores (as) de Derechos Humanos (as), es del 100%.
Esta grave situación determina una inminencia de riesgo que amerita decisiones serias, adecuadas y oportunas, por parte del gobierno nacional. Que, a pesar de la propaganda gubernamental provocada con la puesta en marcha de la nueva Agencia Nacional de Protección, hasta el momento se ha dedicado en muchos casos a desmontar los esquemas de protección asignados y a trabar la asignación e implementación de nuevos esquemas de protección.
Lo ocurrido recientemente en las últimas sesiones del CEREM en Barranquilla y Cúcuta, demuestran que a pesar de la insistencia del conjunto de las organizaciones de derechos humanos y sectores sociales en la mesa nacional de garantías, de transformar el CRER en un espacio de toma de decisiones concertadas, eficaces y oportunas, desde el gobierno nacional se sigue en la idea de que las necesidades de protección, por parte de los defensores (as) de derechos humanos es un estilo de vida y un lujo, que hay eliminar.
El papel de la Nueva Agencia Nacional de Protección
Pareciera como si las decisiones del “nuevo” Programa de Protección, fueran en la dirección de desmontar de manera paulatina los esquemas de protección que se venían implementando. Compartimos, la decisión de la UNP de revisar el uso e implementación de los esquemas de protección en funcionamiento, es más, estaban en mora de hacerlo. Pero nos preocupa que se haya ido creando, a través de las denuncias semanales del sr director de la ANP a los medios de comunicación privados, un ambiente propicio para desmontar los esquemas de protección que han sido asignados a representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Es necesario no solo reconocer la importancia del tema de garantías en las regiones y la necesidad de buscar soluciones al mismo, sino tomar las decisiones adecuadas para garantizarlas.
Es evidente el alto riesgo que debemos asumir los defensores (as) de derechos humanos en el departamento, para realizar el ejercicio legítimo de nuestro trabajo. Así como también ha quedado hoy en evidencia las debilidades y escasas respuestas por parte de la Agencia Nacional de Protección, para implementar medidas eficaces que protejan la vida de todos y todas.
Finalmente, queremos reiterar nuestra preocupación por la creación de las Unidades Departamentales de Protección, sobre todo en lo que tiene que ver, con que no se ha adelantado un proceso de selección riguroso para las personas que estarán al frente de esta, como quiera que, tenemos entendido, los ex funcionarios del DAS que no han podido reubicar en otras instituciones son los que han sido vinculados a la ANP. Debemos señalar de igual forma la necesidad e importancia que tiene el cumplir el compromiso establecido con el gobierno nacional, de contar con los aportes que puedan hacer las organizaciones defensoras de derechos humanos, para la elaboración de los informes de riesgo tal y como quedo establecido en el decreto 4912 del 2011.
[1] Cifras tomadas de información suministrada por el INML y la Policía Metropolitana de Cúcuta. Procesadas por el Observatorio Fronterizo de Derechos Humanos y Violencia Socio Política de la Fundación Progresar.
[2] Según un estudio realizado por la Organización Mexicana, Seguridad, Justicia y Paz, publicado en enero de 2011, la ciudad de Cúcuta aparece en el ranking de las cincuenta ciudades más violentas del mundo, ocupando el puesto 20 (calculando tasa de homicidios por 100 mil habitantes para el año 2010).
[3] Esta información corresponde a casos que han sido documentados por el Observatorio Fronterizo de Derechos Humanos y Violencia Socio Política de la Fundación Progresar, la CUT y la CGT. Estos casos fueron presentados en la sesión del CERREM realizado en la ciudad de Cúcuta el marzo 9 de 2012.
[4] Estos casos han sido acompañados por la Fundación Progresar.
El departamento vive múltiples escenarios de violencia y riesgo, pero de manera principal dos afectan de manera grave los Derechos Humanos: el primero de ellos la violencia indiscriminada que ha venido generando la guerrilla, sobre todo en la región del Catatumbo, los continuos enfrentamientos con la fuerza pública, al lado de los excesos en el tratamiento a la población civil por parte estos últimos, ponen en serio riesgo a comunidades y ciudadanos en general y en segundo lugar, la presencia de grupos ilegales que hacen presencia en el área metropolitana de Cúcuta. Estos escenarios copan un poco más de la mitad de municipios del departamento.
La situación más grave se vive en al área metropolitana de Cúcuta. Durante el año 2011 fueron asesinados 405[1] ciudadanos en esta importante región del departamento, de los cuales el 78% (316) fueron cometidos en Cúcuta. El 34% de las víctimas (216) tenían entre 20 y 39 años de edad. Siendo el 91% de las víctimas hombres y el 9% mujeres. El 88% de los casos (279) fueron muertos con la utilización de armas de fuego. Y el 75% de los casos ocurridos en Cúcuta fueron a través de la modalidad de sicariato (218).
En la ciudad de Cúcuta, en la comuna UNO el 100% de los asesinatos fueron cometidos por sicarios (22), en la SEIS de 64 homicidios 44 fueron a través de esta modalidad, es decir cerca del 70%, y en la comuna NUEVE de 28 homicidios, 22 fueron por modalidad del sicariato, es decir el 80% del total de homicidios.
Hay municipios del área metropolitana de Cúcuta, que presentan cifras insostenibles como la de los municipios de Villa del Rosario en donde de 37 homicidios ocurridos en el 2011, 34 fueron a través de la modalidad del sicariato, es decir un poco más del 95% del total de los casos. O el municipio de Los Patios donde de 26 homicidios, 21 fueron por sicariato, es decir el 80% del total de los casos.
En cuanto a casos de personas desaparecidas el INML recibió 393 denuncias de las cuales 286 continúan desparecidas en Norte de Santander. Cúcuta concentra cerca del 65% del total de los casos, registrando 241, de los cuales aún continúan desaparecidos 154 personas. El municipio Tibú registra 57 casos, Villa del Rosario 20, Los Patios 15, Ocaña y Puerto Santander 9 casos cada uno.
Según el informe de riesgo de la Defensoría Regional del Pueblo No 012-11 de agosto de 2011, señala a los municipios de Cúcuta (comunas 6,7,8,9 y 10), Los Patios y Villa del Rosario, como nivel de riesgo alto, debido principalmente a la “presencia de grupos irregulares que buscan tener injerencia en las administraciones locales, en la actividad política y en la representatividad y participación de importantes expresiones sociales (juntas de acción comunal, organización de psd, sindicatos, organizaciones defensoras de dh, comunidad diversa sexual entre otras; a través de actos de intimidación o de amenazas directas o veladas”. Así mismo señala que “en los dos últimos años, se evidencia el ascenso en el control territorial de esta zona de las organizaciones armadas ilegales autodenominadas Los Rastrojos y Urabeños/Águilas Negras” y “las guerrillas ejercen presión sobre las organizaciones sociales, las comunidades y las poblaciones rurales de Cúcuta y Villa del Rosario”. “por su parte, las milicias de las FARC y el ELN, han logrado retomar sectores del área urbana y rural, de las tres municipalidades y ejercer influencia”.
Esta oleada de violencia que se vive en el departamento, principalmente en el área metropolitana de Cúcuta afecta a todos los ciudadanos, pero de manera grave la labor que desempeñamos los defensores de derechos humanos, pues esta limita nuestro accionar y eleva el riesgo y compromete de manera seria nuestra legítima labor.
Se ha venido señalando como estas manifestaciones ilegales con el tiempo se han fortalecido y multiplicado, en una región que mantiene condiciones y circunstancias socio políticas propicias para su desarrollo. Estas estructuras delincuenciales cada día logran mayores niveles de organización e impresionantes niveles de sofisticación, fortaleciéndose a cada lado de la frontera. Aupados por una corrupción rampante y pública, que han convertido a la región en una de las zonas más violentas del mundo[2].
En la actualidad, al parecer a raíz de una reunión llevada a cabo en la ciudad de Medellín en donde se encontraron los jefes de los bandas de Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas, divulgada recientemente por los medios de comunicación nacional, hubo un acuerdo para adelantar una nueva distribución de zonas en el país. Pero, lo que se dice es que en los departamentos en donde no hubo acuerdo entre estas bandas criminales, fue Norte de Santander.
La región continúan haciendo presencia de manera importante los Rastrojos (Cúcuta, Patios y Villa del Rosario), los Urabeños (Cúcuta y Villa del Rosario) y en el municipio de Puerto Santander “Los Paisas”. Pero llama la atención los rumores recientes de una recomposición al interior de estos grupos, que siguen en disputa territorial. Se conoce por ejemplo que a raíz de los golpes dados por las autoridades Los Urabeños han vendido las zonas de control, a un grupo conocido como los paramilitares de LA NUEVA FRONTERA, que opera en el cordón fronterizo desde la zona rural del municipio de Villa del Rosario (corregimiento de Juan Frío, la vereda Palo Gordo, la Uchema), y el sector de Llano Jorge y San Antonio del Táchira (Venezuela). Así mismo y al parecer la zona de Cúcuta principalmente desde los San Andresitos, Cenabastos y la comuna 7, fue entregada a un grupo autodenominado las AUTODEFENSAS DEL NORTE. Lo anterior a pesar de la fuerte presencia de la fuerza pública en estos municipios.
Es de reconocer la gran cantidad de detenciones realizadas a miembros de estos grupos criminales, por parte de las autoridades. Pero este fenómeno de violencia no cesa y mucho menos sus actividades ilegales sobre todo las relacionadas con la extorsión generalizada que están realizando en la ciudad de Cúcuta, la práctica de la desaparición forzada de personas, las amenazas y el sicariato. Lo que nos demuestra esta realidad es que las estrategias aplicadas por las autoridades en la región se han agotado.
Lo anterior ha traído como consecuencia un alarmante estado de intimidación, miedo y limitación al ejercicio de defensa de derechos, agravado por múltiples factores, como el control social, el microtráfico, la distribución de heroína y drogas sintéticas, el ajuste de cuentas, las oficinas de cobro, las cuotas de seguridad y la extorsión generalizada.
Estas empresas criminales desarrollan distintas formas de operación, prestan servicios de seguridad a otras actividades ilegales, tienen oficinas de cobros, de sicariato, realizan alianzas transitorias o estratégicas, desarrollan gran capacidad de adaptación a las respuestas de persecución gubernamental, tienen un importante poder para asimilar los golpes recibidos, a través de la reorganización, renovación y traslado de hombres y armas. Operan y controlan de manera coincidente las mismas zonas y territorios, en donde desarrollaron sus prácticas criminales los grupos de autodefensa o paramilitares. Sitios estratégicos por su privilegiada ubicación, que en su totalidad hacen parte de zona de frontera.
Es de suma gravedad no solo los altos niveles de afectación a la tranquilidad y la convivencia ciudadana, sino también el clima generalizado de intimidación y miedo; todo esto perturba la gobernabilidad, obstruye la participación y el control social, es decir afecta la legitimidad del estado.
Patrones y modalidades de persecución y amenazas
Esta situación extremadamente grave para los defensores y defensoras de derechos humanos, tiene que ver principalmente con el fortalecimiento de estructuras de grupos armados ilegales, que vienen operando en esta región del departamento desde el año 2005, después de la desmovilización del bloque Catatumbo de las AUC, lo cual lleva a que su exposición al riesgo sea permanente y sus niveles de riesgo altos.
En los últimos siete años, han operado en el departamento todo tipo de grupos ilegales, bandas criminales y carteles del narcotráfico, que alimentan sus estructuras de forma mayoritaria con ex miembros de los grupos de autodefensa asentados principalmente en el área metropolitana de Cúcuta, Ocaña y Tibú; y en otros casos son trasladados desde otras regiones del país como Córdoba y Antioquia, para desarrollar sus actividades criminales en la región.
Estos grupos ilegales han logrado mantener un importante dominio territorial e implantar medidas de control social, sobre todo en los municipios fronterizos que conforman el área metropolitana de Cúcuta (Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Santander). Controlan desde la distribución al menudeo de narcóticos hasta las redes de celadurías comunitarias en algunas comunas y barrios de la ciudad. Estos continúan sirviendo de apoyo a través de labores ilegales de inteligencia y señalamiento contra habitantes de estos sectores populares y principalmente en contra de líderes sociales y comunitarios.
Asumir algún tipo de actitud frente a estas actividades o comportamientos de defensa de los intereses de la colectividad, es respondida con amenazas directas. Para el caso de los líderes comunales agredidos, de cada diez amenazas nueve han sido proferidas por estos grupos ilegales y una por las guerrillas. Han sido amenazas directas, en donde los dirigentes son abordados por hombres armados en motocicletas o en vehículos, ubicados en sus lugares de residencias e identificados antes de cometer el ilícito.
Así mismo estos grupos ilegales controlan otras actividades como los prestamos gota a gota, intervienen en las invasiones a lotes urbanos de propiedad del municipio o de la comunidad, y en algunos sectores en las obras de inversión realizadas por la alcaldía municipal o en presuntos problemas de corrupción. En cualquiera de los casos, se configura una inminencia de riesgo para los defensores (as) de derechos humanos y los líderes sociales y comunitarios, que no es reconocida por los funcionarios del Ministerio del Interior que hacen parte del CEREM, tal y como quedó demostrado en la sesión del pasado 9 de marzo, realizada en Cúcuta.
La presencia armada por parte de estos grupos ilegales, en el municipio de Cúcuta se presenta principalmente en las comunas uno, seis, siete, ocho, nueve y diez.
Para los casos de agresiones contra miembros de organizaciones sindicales, su exposición al riesgo tienen que ver con que sus actividades sindicales y de defensa de derechos colectivos, cubren todos los municipios del departamento, así como que sus afiliados están ubicados en regiones de alto riesgo, debido a la presencia, control e intervención de grupos armados ilegales de las guerrillas y bandas de diverso tipo. Así como el carácter de sus reivindicaciones y luchas, que afectan grandes intereses en la región, como por ejemplo las mafias de la corrupción de la salud en el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta.
Una de los sectores que presenta mayores niveles de riesgo, por su estado de vulnerabilidad y desprotección son las víctimas de la violencia socio política. Lo anterior ligado a la fuerte actividad de ex miembros de las AUC, que durante el período de 1999-2005, realizaron sus acciones criminales en el departamento, conociendo directamente a la gran mayoría de los líderes y lideresas de la región. Así mismo su condición de líderes que los lleva a enfrentarse de manera permanente con diversos funcionarios públicos y autoridades, así como el ser reclamantes de tierras y de familiares que no cesan en la búsqueda de los desaparecidos de manera forzada, hacen que la inminencia de riesgo sea real.
Con respecto a las minorías sexuales, en los dos últimos años algunos miembros de la comunidad LGBTI, vienen realizando esfuerzos por avanzar en la estructuración de su proceso organizativo. Además de los hechos permanentes y sistemáticos, no solo de estigmatizaciones y persecución contra algunos miembros de esta comunidad por parte de funcionarios públicos de la Policía Nacional y de autoridades civiles del orden municipal, algunos de sus líderes han recibido amenazas directas contra su vida e integridad.
En los últimos tres años han sido denunciados ciento siete (102[3]) casos de agresiones contra defensores de derechos humanos de los cuales noventa y dos (92) han sido amenazas, seis (6) homicidios, dos (2) desapariciones forzadas y dos (2) atentados. Los sectores afectados en su orden fueron las víctimas de la violencia socio política con treinta y siete (37) casos, treinta y cuatro (34) casos en contra de miembros de las organizaciones sindicales, veinte y ocho (28) contra líderes comunales y una caso contra una ONG de derechos humanos, la comunidad LGBTI y contra una organización de jóvenes respectivamente.
De las noventa y dos (92) casos de amenazas directas, treinta y siete (37) fueron realizadas contra víctimas de la violencia socio política, veinte y ocho (28) contra miembros de organizaciones sindicales, veinte y cuatro (24) contra líderes comunales, y tres casos de amenazas presentados contra una ONG de derechos humanos, la comunidad LGBTI y una organización de jóvenes respectivamente.
En estos últimos 18 meses, de mandato del presidente Santos, se han presentado cuarenta y cinco (45) casos de agresiones contra defensores (as) de derechos humanos, sindicalistas, víctimas de la violencia, líderes comunales y miembros de la comunidad LGBTI. Un alto número como quiera que el actual gobierno se pavonea en diversos escenarios nacionales e internacionales, argumentando los avances en el respeto y la protección de los derechos humanos. Estas agresiones afectan a algunos dirigentes sindicales (6) y afiliados de las organizaciones (22). Cerca del 83% de las amenazas contra sindicalistas recaen sobre educadores, afiliados a ASINORT y el 17% de los casos se presentaron contra miembros de las organizaciones sindicales ANTHOC (2), ASONAL (2) SINDESENA (1) y la CUT (1).
Trece (13) casos fueron contra líderes comunales de Cúcuta. Dos (2) casos se presentaron contra líderes de organizaciones de víctimas, y dos (2) casos contra una ONG de derechos humanos y la comunidad LGBTI.
De los cuarenta y cinco (45) ocurridos recientemente, en diez (10) los atacantes lograron cometer seis (6) homicidios, dos (2) contra líderes comunales de Cúcuta, dos (2) miembros de ANTHOC, un (1) miembro de ASINORT y un (1) miembro de ASONAL JUDICIAL. En dos casos aún los compañeros continúan desaparecidos, uno (1) pertenece a ASINORT y el otro a ASONAL JUDICIAL. En dos casos los criminales atentaron contra la vida y la integridad de dos líderes comunales.
La impunidad, re victimiza y aumenta el riesgo de los defensores (as) de los derechos humanos
En general los casos de persecución y amenaza, presentan patrones y modalidades, que tanto las autoridades de policía como los fiscales asignados en las investigaciones judiciales, insisten en desconocer y/o en subestimar. No se encuentra una actitud tranquila y abierta a escuchar a las víctimas de tales hechos, mucho menos a considerar como cierta la situación de riesgo y amenaza presentada ante las autoridades. Lo anterior a pesar de las múltiples reuniones, sentencias, autos, decretos y circulares, de instituciones del Estado colombiano, como la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior y de la Defensa y últimamente la Procuraduría General de la Nación.
En la mayoría de los casos puestos en conocimiento de las autoridades, son los propios defensores (as) quienes han identificado el origen del riesgo. Facilitan números de teléfono desde donde han sido amenazados, copias de panfletos, correos electrónicos desde donde son enviadas las amenazas, características de los vehículos, motocicletas y de los agresores. A pesar de lo anterior, no se conoce el primer caso denunciado ante las autoridades competentes que haya sido esclarecido, o que las investigaciones hayan arrojado algún resultado positivo. Al contrario cuando estas agresiones, sobre todo cuando se presentan amenazas, son reiteradas, no son recibidas en los despachos judiciales. Cuando este ente judicial se pronuncia, es para notificar el archivo, la preclusión o el inhibitorio en las investigaciones asumidas.
El 100% de los casos de agresiones contra los defensores (as) de derechos humanos presentados en este documento, han sido de conocimiento de alguna institución del Estado (Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Personerías municipales). Y por lo menos cincuenta y tres casos (53[4]) han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía Seccional. Lo grave de esta situación es que los niveles de impunidad para los ciento dos (102) casos aquí denunciados de agresiones contra los Defensores (as) de Derechos Humanos (as), es del 100%.
Esta grave situación determina una inminencia de riesgo que amerita decisiones serias, adecuadas y oportunas, por parte del gobierno nacional. Que, a pesar de la propaganda gubernamental provocada con la puesta en marcha de la nueva Agencia Nacional de Protección, hasta el momento se ha dedicado en muchos casos a desmontar los esquemas de protección asignados y a trabar la asignación e implementación de nuevos esquemas de protección.
Lo ocurrido recientemente en las últimas sesiones del CEREM en Barranquilla y Cúcuta, demuestran que a pesar de la insistencia del conjunto de las organizaciones de derechos humanos y sectores sociales en la mesa nacional de garantías, de transformar el CRER en un espacio de toma de decisiones concertadas, eficaces y oportunas, desde el gobierno nacional se sigue en la idea de que las necesidades de protección, por parte de los defensores (as) de derechos humanos es un estilo de vida y un lujo, que hay eliminar.
El papel de la Nueva Agencia Nacional de Protección
Pareciera como si las decisiones del “nuevo” Programa de Protección, fueran en la dirección de desmontar de manera paulatina los esquemas de protección que se venían implementando. Compartimos, la decisión de la UNP de revisar el uso e implementación de los esquemas de protección en funcionamiento, es más, estaban en mora de hacerlo. Pero nos preocupa que se haya ido creando, a través de las denuncias semanales del sr director de la ANP a los medios de comunicación privados, un ambiente propicio para desmontar los esquemas de protección que han sido asignados a representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Es necesario no solo reconocer la importancia del tema de garantías en las regiones y la necesidad de buscar soluciones al mismo, sino tomar las decisiones adecuadas para garantizarlas.
Es evidente el alto riesgo que debemos asumir los defensores (as) de derechos humanos en el departamento, para realizar el ejercicio legítimo de nuestro trabajo. Así como también ha quedado hoy en evidencia las debilidades y escasas respuestas por parte de la Agencia Nacional de Protección, para implementar medidas eficaces que protejan la vida de todos y todas.
Finalmente, queremos reiterar nuestra preocupación por la creación de las Unidades Departamentales de Protección, sobre todo en lo que tiene que ver, con que no se ha adelantado un proceso de selección riguroso para las personas que estarán al frente de esta, como quiera que, tenemos entendido, los ex funcionarios del DAS que no han podido reubicar en otras instituciones son los que han sido vinculados a la ANP. Debemos señalar de igual forma la necesidad e importancia que tiene el cumplir el compromiso establecido con el gobierno nacional, de contar con los aportes que puedan hacer las organizaciones defensoras de derechos humanos, para la elaboración de los informes de riesgo tal y como quedo establecido en el decreto 4912 del 2011.
[1] Cifras tomadas de información suministrada por el INML y la Policía Metropolitana de Cúcuta. Procesadas por el Observatorio Fronterizo de Derechos Humanos y Violencia Socio Política de la Fundación Progresar.
[2] Según un estudio realizado por la Organización Mexicana, Seguridad, Justicia y Paz, publicado en enero de 2011, la ciudad de Cúcuta aparece en el ranking de las cincuenta ciudades más violentas del mundo, ocupando el puesto 20 (calculando tasa de homicidios por 100 mil habitantes para el año 2010).
[3] Esta información corresponde a casos que han sido documentados por el Observatorio Fronterizo de Derechos Humanos y Violencia Socio Política de la Fundación Progresar, la CUT y la CGT. Estos casos fueron presentados en la sesión del CERREM realizado en la ciudad de Cúcuta el marzo 9 de 2012.
[4] Estos casos han sido acompañados por la Fundación Progresar.