ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CÚCUTA Y LA FRONTERA COLOMBO VENEZOLANA
A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales y regionales por convencer a la ciudadanía y al Gobierno Nacional del ambiente de paz y tranquilidad que se respira en nuestra ciudad y en el eje fronterizo, basados principalmente en logros parciales en el descenso de las tasas de homicidios, las percepciones de la gente, la realidad de los hechos y las cifras, dicen otra cosa.
Se ha planteado en distintos escenarios de interlocución gubernamental, la necesidad de estudiar a fondo la problemática de violencia urbana que por décadas se viene presentando en nuestra ciudad y su área metropolitana, sobre todo para evitar distorsionar las realidades de violencia que generan la presencia de grupos armados ilegales y su relación con los fenómenos de criminalidad e ilegalidad, como las muertes violentas, las amenazas, las masacres, los desplazamientos y las desapariciones forzadas entre otros.
Así mismo hemos insistido en que, a pesar de su importancia, no es suficiente la presentación de los indicadores a la baja en las tasas de homicidios, como resultados únicos y extraordinarios en la búsqueda de la tranquilidad y el respeto a los derechos fundamentales de los habitantes de Cúcuta.
Además por que, a propósito de estas cifras, hemos encontrado que en los dos últimos años esta actividad delictiva tiene una característica más selectiva que en años anteriores, como quiera que sus principales responsables Rastrojos y Paisas, han cedido el control territorial a los Urabeños o Gaitanistas desde el año 2012, hay un mayor fortalecimiento de la fuerza pública y una mayor capacidad de reacción y efectividad frente al accionar criminal.
Pero se sigue asesinado a plena luz del día, la utilización del arma de fuego sigue siendo predominante, el sicariato la modalidad preferida y los lugares públicos los escenarios ideales para cometer los homicidios.
Así mismo no ceden las amenazas contra dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil como sindicalistas, defensores de Derechos Humanos, miembros de organizaciones de víctimas del conflicto armado, líderes comunales y juveniles entre otros.
Durante el año 2013 la Fundación Progresar acompañó 22 casos de amenazas ocurridos en cinco municipios de nuestro departamento, de los cuales 16 ocurrieron en tres municipios del área metropolitana (12 en Cúcuta, dos en Villa del Rosario y dos en el Zulia). Tres de los amenazados vieron consumar la amenaza y recibieron atentados contra su vida y cinco debieron, ante la ausencia de garantías para ejercer su trabajo, abandonar el departamento.
Durante el presente año las cosas han empeorado, ya que durante período de enero-abril, se recibieron 14 casos de amenazas, de los cuales 11 corresponden a líderes (as) de organizaciones de víctimas del conflicto armado, un caso contra un defensor de Derechos Humanos, un líder juvenil y un sindicalista. Cúcuta concentró nueve casos, Ocaña dos, Villa del Rosario, Sardinata y El Tarra un caso cada municipio. Tres dirigentes debieron abandonar su territorio de manera inmediata.
Por otro lado la situación de muertes colectivas es mucho más grave, como quiera que durante los primeros cinco meses del año se han cometido cuatro masacres, que han dejado 13 personas muertas. Tres de estas masacres se cometieron en el área urbana de Cúcuta y una en Villa del Rosario.
Así mismo ocurre con el delito de lesa humanidad de la desaparición forzada de personas, que se sigue cometiendo de manera predominante en la actualidad en los mismos lugares de hace quince años como Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander, municipios cuya característica es ser fronterizos. Según cifras oficiales hasta el 23 de mayo del presente año estos tres municipios habían registrado 1.573 casos de desaparecidos, de los cuales no tienen información en 1.780. Cúcuta concentra más del 95% del total de los casos denunciados ante las autoridades competentes.
Estos escenarios dantescos, limitan enormemente el ejercicio de defensa de los Derechos Humanos en la región, coartan la posibilidad de denunciar los hechos sin esperar una retaliación, no permiten que los ciudadanos accedan a procesos de organización social y mucho menos a manifestarse de manera pacífica contra las políticas gubernamentales. Lo anterior alimentado por una actitud de las autoridades locales de señalar, estigmatizar y desconocer lo señalado por las organizaciones de la sociedad civil de la región.
Se ha planteado en distintos escenarios de interlocución gubernamental, la necesidad de estudiar a fondo la problemática de violencia urbana que por décadas se viene presentando en nuestra ciudad y su área metropolitana, sobre todo para evitar distorsionar las realidades de violencia que generan la presencia de grupos armados ilegales y su relación con los fenómenos de criminalidad e ilegalidad, como las muertes violentas, las amenazas, las masacres, los desplazamientos y las desapariciones forzadas entre otros.
Así mismo hemos insistido en que, a pesar de su importancia, no es suficiente la presentación de los indicadores a la baja en las tasas de homicidios, como resultados únicos y extraordinarios en la búsqueda de la tranquilidad y el respeto a los derechos fundamentales de los habitantes de Cúcuta.
Además por que, a propósito de estas cifras, hemos encontrado que en los dos últimos años esta actividad delictiva tiene una característica más selectiva que en años anteriores, como quiera que sus principales responsables Rastrojos y Paisas, han cedido el control territorial a los Urabeños o Gaitanistas desde el año 2012, hay un mayor fortalecimiento de la fuerza pública y una mayor capacidad de reacción y efectividad frente al accionar criminal.
Pero se sigue asesinado a plena luz del día, la utilización del arma de fuego sigue siendo predominante, el sicariato la modalidad preferida y los lugares públicos los escenarios ideales para cometer los homicidios.
Así mismo no ceden las amenazas contra dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil como sindicalistas, defensores de Derechos Humanos, miembros de organizaciones de víctimas del conflicto armado, líderes comunales y juveniles entre otros.
Durante el año 2013 la Fundación Progresar acompañó 22 casos de amenazas ocurridos en cinco municipios de nuestro departamento, de los cuales 16 ocurrieron en tres municipios del área metropolitana (12 en Cúcuta, dos en Villa del Rosario y dos en el Zulia). Tres de los amenazados vieron consumar la amenaza y recibieron atentados contra su vida y cinco debieron, ante la ausencia de garantías para ejercer su trabajo, abandonar el departamento.
Durante el presente año las cosas han empeorado, ya que durante período de enero-abril, se recibieron 14 casos de amenazas, de los cuales 11 corresponden a líderes (as) de organizaciones de víctimas del conflicto armado, un caso contra un defensor de Derechos Humanos, un líder juvenil y un sindicalista. Cúcuta concentró nueve casos, Ocaña dos, Villa del Rosario, Sardinata y El Tarra un caso cada municipio. Tres dirigentes debieron abandonar su territorio de manera inmediata.
Por otro lado la situación de muertes colectivas es mucho más grave, como quiera que durante los primeros cinco meses del año se han cometido cuatro masacres, que han dejado 13 personas muertas. Tres de estas masacres se cometieron en el área urbana de Cúcuta y una en Villa del Rosario.
Así mismo ocurre con el delito de lesa humanidad de la desaparición forzada de personas, que se sigue cometiendo de manera predominante en la actualidad en los mismos lugares de hace quince años como Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander, municipios cuya característica es ser fronterizos. Según cifras oficiales hasta el 23 de mayo del presente año estos tres municipios habían registrado 1.573 casos de desaparecidos, de los cuales no tienen información en 1.780. Cúcuta concentra más del 95% del total de los casos denunciados ante las autoridades competentes.
Estos escenarios dantescos, limitan enormemente el ejercicio de defensa de los Derechos Humanos en la región, coartan la posibilidad de denunciar los hechos sin esperar una retaliación, no permiten que los ciudadanos accedan a procesos de organización social y mucho menos a manifestarse de manera pacífica contra las políticas gubernamentales. Lo anterior alimentado por una actitud de las autoridades locales de señalar, estigmatizar y desconocer lo señalado por las organizaciones de la sociedad civil de la región.