LA EXTORSIÓN COMO FUENTE DE FINANCIACIÓN DEL CRIMEN Y LA ILEGALIDAD EN CÚCUTA: TODOS PAGA
Esta actividad ilegal ha estado presente en la ciudad durante décadas. Fue inicialmente aplicada de manera selectiva a ciertos sectores económicos y comerciales, por parte de las guerrillas y en menor medida por grupos delincuenciales, que en algunos casos usaban el nombre de estas para presionar pagos. De los sectores económicos que más sufrieron este flagelo fueron los hacendados y ganaderos, quienes de manera indistinta eran obligados a pagar las famosas vacunas.
Pero los casos más reconocidos en el país se presentaron durante la expedición en el año 2000 de la Resolución 002 de las FARC, dada a conocer en medio de las conversaciones con el gobierno del presidente Pastrana; en la que se conminaba a pagar altas sumas de dinero a sectores que tuvieran como capital más de un millón de dólares y aquellas personas que incumplieran, serían secuestradas y su liberación elevaría el monto a pagar.
Tal vez fue esta decisión la que marcó el comienzo de una nueva etapa, de lo que más adelante se configuró como la masificación de la extorsión y las vacunas, principalmente en los grandes centros urbanos del país.
Mientras esto ocurría en San Vicente del Caguán, en nuestra ciudad los paramilitares avanzaban en su estrategia de consolidación territorial, después de casi un año de su desembarco en el municipio de Tibú. Estos escuadrones de la muerte no solo lograron hacer de esta, su práctica diaria, sino que hicieron de la extorsión y las vacunas, una de sus principales formas de castigo, tanto en el sector rural como en el urbano.
Tan grave fue esta situación, que casi nadie se quedó por fuera del pago de lo que estos grupos llamaban, las cuotas de seguridad. Que no era otra cosa que cancelar determinada suma de dinero, supuestamente para ser protegido de la delincuencia, las guerrillas y ante la falta de protección del Estado.
Estos pagos fueron impuestos de manera indiscriminada; llegando incluso a cobrar cuotas semanales de mil pesos a familias pobres de sectores vulnerables de la ciudad. Se volvieron famosos los temibles pero conocidos celadores de barrios, que en contubernio con algunas autoridades sobre todo de miembros de la Policía Nacional, controlaron a sangre y fuego comunas enteras. Todavía en la actualidad muchas comunidades de la ciudad y del área metropolitana no han podido superar por ejemplo, lo que significó los horrores de las rondas de la muerte.
De esta forma fueron sometidos sectores empresariales y comerciantes de la economía formal de la ciudad, quienes en su mayoría eran obligados a pactar el pago de grandes sumas de dinero, bajo la amenaza de ser declarados objetivo militar.
Este periodo de cinco años de control paramilitar, además de apuntalar otras actividades criminales como el homicidio por encargo, las oficinas de cobros y la ampliación de las rutas del narcotráfico, logró convertir a la extorsión en la caja menor de la delincuencia organizada; es decir, este delito pasó de ser rural, de grandes capitales y selectivo, a ser urbano, masivo e indiscriminado y de pequeños montos.
Las prácticas de extender los cobros a cualquier ciudadano, logró develar en la delincuencia organizada un descomunal negocio, que según cifras actuales de autoridades nacionales, en todo el país pueden ascender a dos billones de pesos.
Pero para alcanzar semejantes cifras, los jefes o comandantes han necesitado mantener sus estructuras armadas o crear nuevas, con el objetivo de garantizar mantener el mensaje y la percepción de la violencia y el miedo, como única forma de hacer que las víctimas puedan cumplir con las exigencias económicas realizadas y evitar la denuncia ante las autoridades.
Para conseguir tales objetivos aparecen en la ciudad una serie de grupos, bandas o combos, formados en su mayoría por ex miembros de las AUC, conocedores de la región y los negocios ilícitos existentes. Rápidamente el gobierno nacional las llamó bandas criminales, con el objetivo de deslindarlas del proceso de negociación paramilitar.
En nuestra ciudad nacieron las que en su momento se autodenominaron Águilas Negras, las cuales extendieron su vuelo por todo el país de manera alarmante; sirviendo como parapeto y resguardo a una gran cantidad de paramilitares que habían decidido no desmovilizarse y a otros fundamentalmente mandos medios, que no estaban dispuestos a abandonar sus lucrativas actividades.
Su objetivo fundamental ha estado dirigido al uso directo de la violencia, como forma de intimidación a la ciudadanía. De manera que, son estos grupos armados los que ejercen como poderes reales en algunos sectores del área metropolitana de Cúcuta; son los que asesinan en cualquier sector de la ciudad, desaparecen de manera forzada en los mismos lugares en donde lo hacían las autodefensas, colocan los explosivos para presionar pagos o silenciar voces, ofician como recaudadores de dinero prestado y por supuesto, son quienes cobran las cuotas extorsivas.
Este proceso de reagrupamiento armado opta por desarrollar sus actividades ilegales ya no en el sector rural, como lo hicieron con las autodefensas, sino en los principales centros urbanos del departamento. Se asientan y se desarrollan principalmente en los municipios que conforman el área metropolitana de Cúcuta, todos con una incontrolable frontera con Venezuela como Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia y Puerto Santander.
Lo anterior fue una decisión calculada, pues aquí contaban con todo a su favor: había un proceso de reincorporación de paramilitares que solo era propaganda, hombres y mujeres reinsertados o no que conocían como nadie el mercado de la ilegalidad en esta región del país, unas redes de apoyo en algunos casos intactas, una ciudadanía que aún no superaba el temor y el miedo, además de una amplia frontera con un sinnúmero de posibilidades de fuentes de financiación, en donde el narcotráfico estaba en la cúspide de su expansión.
Tanto así, que la gran mayoría de la nueva generación de narco paramilitares y traficantes de droga, adquirieron derechos a usar nuestro territorio como una franquicia para ampliar sus operaciones ilegales, por aquí pasaron Carlos Mario Jiménez “Macaco”, los hermanos Mejía Múnera, Wilver Varela “Jabón” y Daniel “el loco” Barrera, entre los más importantes y reconocidos, dejando de mencionar a un sin número de grupos, carteles y combos.
La salida del negocio de las drogas y la criminalidad de un grupo importante de narco paramilitares – unos extraditados a Estados Unidos por parte del gobierno nacional, otros capturados principalmente en Venezuela y la muerte de algunos pocos - posibilita que los jefes representativos pierdan control sobre el circuito del narcotráfico y dominio territorial de las demás actividades ilegales, cuya consecuencia es su retoma por parte de mandos medios y hombres cercanos a los que en otrora manejaron el negocio, desencadenando violentas disputas que han dejado decenas de muertes.
Esta situación caótica y anárquica en un escenario delincuencial relativamente tranquilo, genera la llegada a la región de grupos armados de distinto tipo y denominación, en correspondencia con las pugnas y los enfrentamientos que estaban ocurriendo en el resto del país, aparecen entonces Los Paisas, las Autodefensas Gaitanistas, Los Rastrojos y Los Urabeños. Así mismo se hacen intentos por constituir grupos ilegales de carácter regional como las Autodefensas de Norte de Santander y Autodefensas de la Frontera.
En términos generales, el contexto descrito se mantiene en la actualidad, ya que aún pervive el enfrentamiento entre Rastrojos y Urabeños, y los grupos locales tratan de ganar espacio a los anteriores; todos continúan utilizando de ida y vuelta, la frontera como refugio; mientras tanto la violencia urbana no cede, pues ni los homicidios, ni las desapariciones forzadas, ni las amenazas logran disminuir de manera importante y estratégica.
Por su lado el fenómeno de las extorsiones se ha disparado en los últimos cuatro años en el país, según autoridades nacionales, quienes han detectado un crecimiento desmesurado de la extorsión en nuestras principales ciudades. Con el agravante de que aún no logran revertir, la tendencia presente durante años de una baja tasa de denuncias por parte de las víctimas.
Un ejemplo de lo anterior tiene que ver con las menguadas cifras que durante el año 2012 entregó la Policía Metropolitana de Cúcuta: de un total de 67 denuncias recibidas por extorsión, solo ocho fueron cometidas presuntamente por bandas criminales – es poco creíble que solo seis ocurrieran en Cúcuta, uno en Villa del Rosario y otro en El Zulia - y las 61 restantes fueron adjudicadas a la delincuencia común.
Todo ello a pesar de los resultados aparentemente positivos arrojados tras la realización cada 11 días de una operación policial en contra de las bandas criminales: durante el año anterior fueron capturadas 81 personas por este delito y 141 acusadas de pertenecer a estas bandas.
Al contrario del exiguo número de denuncias recibidas por el delito de extorsión, esta institución recibió durante el mismo año 243 casos de denuncias por amenazas contra la vida y la integridad, de las cuales cerca del 85% se concentraron en la ciudad de Cúcuta, es decir 205 casos, las cuales podrían ser producto de la grave situación de extorsiones que vive la ciudad, si se tiene en cuenta los altos niveles de subregistro que presentan tanto la denuncia de extorsiones como de amenazas.
Por otra parte, es importante analizar con objetividad la complejidad del fenómeno en el propósito de contrarrestarlo, donde a la falta de efectividad para atacar el delito, se suma la impunidad de los victimarios para cometerlo, el uso indiscriminado de la violencia para presionar pagos y la corrupción que se presenta en algunos sectores de las autoridades regionales, generando el crecimiento de los niveles de desconfianza ciudadana.
Estas dificultades existentes demandan de las autoridades regionales darle la cara a tamaño desafío, enfrentando a un delito y unos autores que de manera permanente perfeccionan sus prácticas, como también es evidente que se presentan variadas modalidades de extorsión, incluyendo la realizada desde distintas cárceles del país; no obstante, ninguna se puede comparar con la que practican las bandas criminales, que han logrado convertir este lucrativo negocio en un problema de seguridad binacional; echarlas en la misma bolsa y darles el mismo tratamiento, es un error a corregir.
Llama la atención como este negocio ilícito se ha convertido paulatinamente en la mayor fuente de financiación de grupos ilegales, como Los Urabeños y Los Rastrojos, por encima incluso del narcotráfico, quienes han entendido entre otras cosas, que al exigir pequeñas cantidades de dinero existen menos posibilidades de denuncias, porque la víctima considera que a un bajo precio puede comprar su seguridad o, en otros casos garantizar la permanencia en la práctica económica informal e ilegal; sin desconocer los nefastos efectos que tiene el poder intimidatorio de estos grupos sobre los afectados. Basta con realizar alguna actividad de acompañamiento a algunos de los perjudicados por extorsión, para comprenderlo.
Son los sectores de la economía ilegal los preferidos, por ser quienes generan mayor recaudo diario, semanal, quincenal o mensual, dependiendo de la actividad económica y del número de timados, razón por la cual se mantienen a sangre y fuego, en constante disputa entre grupos ilegales, en sectores del contrabando de combustible, de víveres, de insumos agrícolas y medicinas entre otros, así mismo, en lugares reconocidos de la economía informal como los vendedores ambulantes, los cambistas callejeros y los “transportadores piratas”.
De igual forma, tratan de controlar por todos los medios a sectores de la ciudad que se caracterizan por la distribución al detal de toda clase de narcóticos como en el centro de la ciudad o de productos de contrabando como en la central de abastos y el corregimiento de La Parada, sectores que se encuentran en los centros urbanos del área metropolitana de Cúcuta, lo cual hace que sea mucho más complejo y difícil los avances en la contención del delito.
Aunque también es cierto, que estos municipios del departamento son los más custodiados, los que presentan los mayores índices de concentración de efectivos policiales (4,15 x cada 1.000 habitantes para el año 2012), los que portan las mejores herramientas logísticas para detectar y prevenir el delito y disponen de los mayores niveles de aplicación de una inteligencia táctica apoyada en el desarrollo de las comunicaciones y la electrónica, lo paradójico, es que no cuentan con el mayor activo que puede tener la ejecución de una exitosa estrategia de lucha contra la criminalidad: el ciudadano.
Wilfredo Cañizares Arévalo
Director Ejecutivo
Marzo 26 de 2013
Pero los casos más reconocidos en el país se presentaron durante la expedición en el año 2000 de la Resolución 002 de las FARC, dada a conocer en medio de las conversaciones con el gobierno del presidente Pastrana; en la que se conminaba a pagar altas sumas de dinero a sectores que tuvieran como capital más de un millón de dólares y aquellas personas que incumplieran, serían secuestradas y su liberación elevaría el monto a pagar.
Tal vez fue esta decisión la que marcó el comienzo de una nueva etapa, de lo que más adelante se configuró como la masificación de la extorsión y las vacunas, principalmente en los grandes centros urbanos del país.
Mientras esto ocurría en San Vicente del Caguán, en nuestra ciudad los paramilitares avanzaban en su estrategia de consolidación territorial, después de casi un año de su desembarco en el municipio de Tibú. Estos escuadrones de la muerte no solo lograron hacer de esta, su práctica diaria, sino que hicieron de la extorsión y las vacunas, una de sus principales formas de castigo, tanto en el sector rural como en el urbano.
Tan grave fue esta situación, que casi nadie se quedó por fuera del pago de lo que estos grupos llamaban, las cuotas de seguridad. Que no era otra cosa que cancelar determinada suma de dinero, supuestamente para ser protegido de la delincuencia, las guerrillas y ante la falta de protección del Estado.
Estos pagos fueron impuestos de manera indiscriminada; llegando incluso a cobrar cuotas semanales de mil pesos a familias pobres de sectores vulnerables de la ciudad. Se volvieron famosos los temibles pero conocidos celadores de barrios, que en contubernio con algunas autoridades sobre todo de miembros de la Policía Nacional, controlaron a sangre y fuego comunas enteras. Todavía en la actualidad muchas comunidades de la ciudad y del área metropolitana no han podido superar por ejemplo, lo que significó los horrores de las rondas de la muerte.
De esta forma fueron sometidos sectores empresariales y comerciantes de la economía formal de la ciudad, quienes en su mayoría eran obligados a pactar el pago de grandes sumas de dinero, bajo la amenaza de ser declarados objetivo militar.
Este periodo de cinco años de control paramilitar, además de apuntalar otras actividades criminales como el homicidio por encargo, las oficinas de cobros y la ampliación de las rutas del narcotráfico, logró convertir a la extorsión en la caja menor de la delincuencia organizada; es decir, este delito pasó de ser rural, de grandes capitales y selectivo, a ser urbano, masivo e indiscriminado y de pequeños montos.
Las prácticas de extender los cobros a cualquier ciudadano, logró develar en la delincuencia organizada un descomunal negocio, que según cifras actuales de autoridades nacionales, en todo el país pueden ascender a dos billones de pesos.
Pero para alcanzar semejantes cifras, los jefes o comandantes han necesitado mantener sus estructuras armadas o crear nuevas, con el objetivo de garantizar mantener el mensaje y la percepción de la violencia y el miedo, como única forma de hacer que las víctimas puedan cumplir con las exigencias económicas realizadas y evitar la denuncia ante las autoridades.
Para conseguir tales objetivos aparecen en la ciudad una serie de grupos, bandas o combos, formados en su mayoría por ex miembros de las AUC, conocedores de la región y los negocios ilícitos existentes. Rápidamente el gobierno nacional las llamó bandas criminales, con el objetivo de deslindarlas del proceso de negociación paramilitar.
En nuestra ciudad nacieron las que en su momento se autodenominaron Águilas Negras, las cuales extendieron su vuelo por todo el país de manera alarmante; sirviendo como parapeto y resguardo a una gran cantidad de paramilitares que habían decidido no desmovilizarse y a otros fundamentalmente mandos medios, que no estaban dispuestos a abandonar sus lucrativas actividades.
Su objetivo fundamental ha estado dirigido al uso directo de la violencia, como forma de intimidación a la ciudadanía. De manera que, son estos grupos armados los que ejercen como poderes reales en algunos sectores del área metropolitana de Cúcuta; son los que asesinan en cualquier sector de la ciudad, desaparecen de manera forzada en los mismos lugares en donde lo hacían las autodefensas, colocan los explosivos para presionar pagos o silenciar voces, ofician como recaudadores de dinero prestado y por supuesto, son quienes cobran las cuotas extorsivas.
Este proceso de reagrupamiento armado opta por desarrollar sus actividades ilegales ya no en el sector rural, como lo hicieron con las autodefensas, sino en los principales centros urbanos del departamento. Se asientan y se desarrollan principalmente en los municipios que conforman el área metropolitana de Cúcuta, todos con una incontrolable frontera con Venezuela como Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia y Puerto Santander.
Lo anterior fue una decisión calculada, pues aquí contaban con todo a su favor: había un proceso de reincorporación de paramilitares que solo era propaganda, hombres y mujeres reinsertados o no que conocían como nadie el mercado de la ilegalidad en esta región del país, unas redes de apoyo en algunos casos intactas, una ciudadanía que aún no superaba el temor y el miedo, además de una amplia frontera con un sinnúmero de posibilidades de fuentes de financiación, en donde el narcotráfico estaba en la cúspide de su expansión.
Tanto así, que la gran mayoría de la nueva generación de narco paramilitares y traficantes de droga, adquirieron derechos a usar nuestro territorio como una franquicia para ampliar sus operaciones ilegales, por aquí pasaron Carlos Mario Jiménez “Macaco”, los hermanos Mejía Múnera, Wilver Varela “Jabón” y Daniel “el loco” Barrera, entre los más importantes y reconocidos, dejando de mencionar a un sin número de grupos, carteles y combos.
La salida del negocio de las drogas y la criminalidad de un grupo importante de narco paramilitares – unos extraditados a Estados Unidos por parte del gobierno nacional, otros capturados principalmente en Venezuela y la muerte de algunos pocos - posibilita que los jefes representativos pierdan control sobre el circuito del narcotráfico y dominio territorial de las demás actividades ilegales, cuya consecuencia es su retoma por parte de mandos medios y hombres cercanos a los que en otrora manejaron el negocio, desencadenando violentas disputas que han dejado decenas de muertes.
Esta situación caótica y anárquica en un escenario delincuencial relativamente tranquilo, genera la llegada a la región de grupos armados de distinto tipo y denominación, en correspondencia con las pugnas y los enfrentamientos que estaban ocurriendo en el resto del país, aparecen entonces Los Paisas, las Autodefensas Gaitanistas, Los Rastrojos y Los Urabeños. Así mismo se hacen intentos por constituir grupos ilegales de carácter regional como las Autodefensas de Norte de Santander y Autodefensas de la Frontera.
En términos generales, el contexto descrito se mantiene en la actualidad, ya que aún pervive el enfrentamiento entre Rastrojos y Urabeños, y los grupos locales tratan de ganar espacio a los anteriores; todos continúan utilizando de ida y vuelta, la frontera como refugio; mientras tanto la violencia urbana no cede, pues ni los homicidios, ni las desapariciones forzadas, ni las amenazas logran disminuir de manera importante y estratégica.
Por su lado el fenómeno de las extorsiones se ha disparado en los últimos cuatro años en el país, según autoridades nacionales, quienes han detectado un crecimiento desmesurado de la extorsión en nuestras principales ciudades. Con el agravante de que aún no logran revertir, la tendencia presente durante años de una baja tasa de denuncias por parte de las víctimas.
Un ejemplo de lo anterior tiene que ver con las menguadas cifras que durante el año 2012 entregó la Policía Metropolitana de Cúcuta: de un total de 67 denuncias recibidas por extorsión, solo ocho fueron cometidas presuntamente por bandas criminales – es poco creíble que solo seis ocurrieran en Cúcuta, uno en Villa del Rosario y otro en El Zulia - y las 61 restantes fueron adjudicadas a la delincuencia común.
Todo ello a pesar de los resultados aparentemente positivos arrojados tras la realización cada 11 días de una operación policial en contra de las bandas criminales: durante el año anterior fueron capturadas 81 personas por este delito y 141 acusadas de pertenecer a estas bandas.
Al contrario del exiguo número de denuncias recibidas por el delito de extorsión, esta institución recibió durante el mismo año 243 casos de denuncias por amenazas contra la vida y la integridad, de las cuales cerca del 85% se concentraron en la ciudad de Cúcuta, es decir 205 casos, las cuales podrían ser producto de la grave situación de extorsiones que vive la ciudad, si se tiene en cuenta los altos niveles de subregistro que presentan tanto la denuncia de extorsiones como de amenazas.
Por otra parte, es importante analizar con objetividad la complejidad del fenómeno en el propósito de contrarrestarlo, donde a la falta de efectividad para atacar el delito, se suma la impunidad de los victimarios para cometerlo, el uso indiscriminado de la violencia para presionar pagos y la corrupción que se presenta en algunos sectores de las autoridades regionales, generando el crecimiento de los niveles de desconfianza ciudadana.
Estas dificultades existentes demandan de las autoridades regionales darle la cara a tamaño desafío, enfrentando a un delito y unos autores que de manera permanente perfeccionan sus prácticas, como también es evidente que se presentan variadas modalidades de extorsión, incluyendo la realizada desde distintas cárceles del país; no obstante, ninguna se puede comparar con la que practican las bandas criminales, que han logrado convertir este lucrativo negocio en un problema de seguridad binacional; echarlas en la misma bolsa y darles el mismo tratamiento, es un error a corregir.
Llama la atención como este negocio ilícito se ha convertido paulatinamente en la mayor fuente de financiación de grupos ilegales, como Los Urabeños y Los Rastrojos, por encima incluso del narcotráfico, quienes han entendido entre otras cosas, que al exigir pequeñas cantidades de dinero existen menos posibilidades de denuncias, porque la víctima considera que a un bajo precio puede comprar su seguridad o, en otros casos garantizar la permanencia en la práctica económica informal e ilegal; sin desconocer los nefastos efectos que tiene el poder intimidatorio de estos grupos sobre los afectados. Basta con realizar alguna actividad de acompañamiento a algunos de los perjudicados por extorsión, para comprenderlo.
Son los sectores de la economía ilegal los preferidos, por ser quienes generan mayor recaudo diario, semanal, quincenal o mensual, dependiendo de la actividad económica y del número de timados, razón por la cual se mantienen a sangre y fuego, en constante disputa entre grupos ilegales, en sectores del contrabando de combustible, de víveres, de insumos agrícolas y medicinas entre otros, así mismo, en lugares reconocidos de la economía informal como los vendedores ambulantes, los cambistas callejeros y los “transportadores piratas”.
De igual forma, tratan de controlar por todos los medios a sectores de la ciudad que se caracterizan por la distribución al detal de toda clase de narcóticos como en el centro de la ciudad o de productos de contrabando como en la central de abastos y el corregimiento de La Parada, sectores que se encuentran en los centros urbanos del área metropolitana de Cúcuta, lo cual hace que sea mucho más complejo y difícil los avances en la contención del delito.
Aunque también es cierto, que estos municipios del departamento son los más custodiados, los que presentan los mayores índices de concentración de efectivos policiales (4,15 x cada 1.000 habitantes para el año 2012), los que portan las mejores herramientas logísticas para detectar y prevenir el delito y disponen de los mayores niveles de aplicación de una inteligencia táctica apoyada en el desarrollo de las comunicaciones y la electrónica, lo paradójico, es que no cuentan con el mayor activo que puede tener la ejecución de una exitosa estrategia de lucha contra la criminalidad: el ciudadano.
Wilfredo Cañizares Arévalo
Director Ejecutivo
Marzo 26 de 2013