LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS: UN CAMINO CIERTO HACIA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
En nuestro país los ciudadanos generalmente recuerdan los presidentes por alguna obra de infraestructura importante. Por lo que hizo o dejó de hacer. Al presidente Santos seguramente los colombianos lo evocarán por haber tomado la decisión valiente de sacar adelante la ley de víctimas y restitución de tierras, como la cuota inicial de la paz.
Con este esfuerzo, logró colocar a los millones de afectados por la guerra y el conflicto armado, en el centro del debate nacional. Por fin, el país comenzaba a conocer los rostros del dolor y el sufrimiento. Por primera vez en nuestra historia eran reconocidos como ciudadanos plenos de derechos. Emergieron como el ave fénix. Murieron para renacer con toda su gloria.
Lo anterior en una coyuntura supremamente difícil y compleja, en donde el fenómeno de violencia socio política se había trasladado a los centros urbanos a través de Rastrojos y Urabeños y las guerrillas continuaba atacando en el sector rural.
Se mantenían los temores de los últimos ocho años, en donde habían sido condenados a la persecución y al olvido. No eran desplazados de manera forzada, sino inmigrantes internos. No había conflicto armado sino amenaza terrorista. Y las denuncias de masacres y homicidios hacían parte de la estrategia jurídica de las guerrillas.
En estas circunstancias se abrió camino una ley de víctimas y restitución de tierras, que puede ser criticada por muchos y atacada por otros, pero que ha permitido poco a poco, avanzar en el reconocimiento de unos derechos violentados por actores armados legales e ilegales, a cerca de seis millones de personas hasta el día de hoy.
Que además ha logrado instalar una nueva arquitectura institucional, que trata de adecuarse a una avalancha de casos y testimonios que buscan su reconocimiento y la restitución de sus derechos. Así mismo ha ido construyendo una reserva de miles de servidores públicos dedicados única y exclusivamente a garantizar la atención y la reparación de las víctimas. Por otro lado han sido destinados billones de pesos enfocados por el gobierno nacional, a resolver sus necesidades represadas durante décadas.
Pero la situación es tan dramática y los problemas de las víctimas tan complejos, que estos importantes esfuerzos no logran percibirse, en este mar de dificultades. Y muchas veces pareciera como si no se estuviera haciendo nada.
Nadie puede desconocer la voluntad política que todos los días demuestra el presidente Santos con el tema de las víctimas del conflicto armado. Cosa bien distinta a lo observado en alcaldes y gobernadores. A pesar de los avances evidentes, aquí todavía hay servidores públicos que aún no han comprendido lo que está sucediendo en el país. Desafortunadamente siguen anclados en la idea de que el tema de las víctimas no tiene ninguna importancia, con el agravante de que este no les da plata, ni votos.
Esta es la realidad de la mayoría de nuestros municipios, a pesar de que estamos cerca de los 150 mil afectados por el conflicto armado. Nuestra ciudad puede perfectamente llegar en poco tiempo a los 80 mil. Sobre todo porque todos los días siguen apareciendo ciudadanos que consideran que sus derechos han sido vulnerados por nuevos y viejos grupos ilegales y Cúcuta, continúa siendo el mayor centro receptor del departamento.
Tenemos muchos problemas por resolver, obstáculos por superar, pero tal vez el mayor reto, es poder detener la generación de víctimas diarias del conflicto armado. No es posible avanzar, mientras se siga asesinando. Mientras la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas en el área metropolitana de Cúcuta se mantenga. Mientras no se impida el desplazamiento forzado. Mientras no haya un compromiso a fondo con la legalidad y por supuesto con la implementación efectiva de la ley de víctimas y restitución de tierras.
Wilfredo Cañizares Arévalo
Director Ejecutivo
Fundación Progresar
Diciembre 12 de 2013
Para el periódico La Opinión
Con este esfuerzo, logró colocar a los millones de afectados por la guerra y el conflicto armado, en el centro del debate nacional. Por fin, el país comenzaba a conocer los rostros del dolor y el sufrimiento. Por primera vez en nuestra historia eran reconocidos como ciudadanos plenos de derechos. Emergieron como el ave fénix. Murieron para renacer con toda su gloria.
Lo anterior en una coyuntura supremamente difícil y compleja, en donde el fenómeno de violencia socio política se había trasladado a los centros urbanos a través de Rastrojos y Urabeños y las guerrillas continuaba atacando en el sector rural.
Se mantenían los temores de los últimos ocho años, en donde habían sido condenados a la persecución y al olvido. No eran desplazados de manera forzada, sino inmigrantes internos. No había conflicto armado sino amenaza terrorista. Y las denuncias de masacres y homicidios hacían parte de la estrategia jurídica de las guerrillas.
En estas circunstancias se abrió camino una ley de víctimas y restitución de tierras, que puede ser criticada por muchos y atacada por otros, pero que ha permitido poco a poco, avanzar en el reconocimiento de unos derechos violentados por actores armados legales e ilegales, a cerca de seis millones de personas hasta el día de hoy.
Que además ha logrado instalar una nueva arquitectura institucional, que trata de adecuarse a una avalancha de casos y testimonios que buscan su reconocimiento y la restitución de sus derechos. Así mismo ha ido construyendo una reserva de miles de servidores públicos dedicados única y exclusivamente a garantizar la atención y la reparación de las víctimas. Por otro lado han sido destinados billones de pesos enfocados por el gobierno nacional, a resolver sus necesidades represadas durante décadas.
Pero la situación es tan dramática y los problemas de las víctimas tan complejos, que estos importantes esfuerzos no logran percibirse, en este mar de dificultades. Y muchas veces pareciera como si no se estuviera haciendo nada.
Nadie puede desconocer la voluntad política que todos los días demuestra el presidente Santos con el tema de las víctimas del conflicto armado. Cosa bien distinta a lo observado en alcaldes y gobernadores. A pesar de los avances evidentes, aquí todavía hay servidores públicos que aún no han comprendido lo que está sucediendo en el país. Desafortunadamente siguen anclados en la idea de que el tema de las víctimas no tiene ninguna importancia, con el agravante de que este no les da plata, ni votos.
Esta es la realidad de la mayoría de nuestros municipios, a pesar de que estamos cerca de los 150 mil afectados por el conflicto armado. Nuestra ciudad puede perfectamente llegar en poco tiempo a los 80 mil. Sobre todo porque todos los días siguen apareciendo ciudadanos que consideran que sus derechos han sido vulnerados por nuevos y viejos grupos ilegales y Cúcuta, continúa siendo el mayor centro receptor del departamento.
Tenemos muchos problemas por resolver, obstáculos por superar, pero tal vez el mayor reto, es poder detener la generación de víctimas diarias del conflicto armado. No es posible avanzar, mientras se siga asesinando. Mientras la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas en el área metropolitana de Cúcuta se mantenga. Mientras no se impida el desplazamiento forzado. Mientras no haya un compromiso a fondo con la legalidad y por supuesto con la implementación efectiva de la ley de víctimas y restitución de tierras.
Wilfredo Cañizares Arévalo
Director Ejecutivo
Fundación Progresar
Diciembre 12 de 2013
Para el periódico La Opinión